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"Además de ello, la Ley 249-17 hizo un cambio drástico frente al contenido de la ley anterior"

Adecuación estructural del Mercado de Valores – Ley núm. 249-17

  • Impacto de Ley núm. 19-00 y su Reglamento de Aplicación
  • Ley núm. 249-17: Nuevas figuras del Mercado de Valores y su funcionamiento
  • El Asesor de Inversión
  • El deber de mejor ejecución: principio de transparencia y protección al inversionista
  • Bondades impositivas e Inembargabilidad de Títulos Valores
  • Impacto de la Ley núm. 19-00 y de su Reglamento de Aplicación

Previo a la puesta en vigencia de la Ley No. 19-00 existía una necesidad imperativa de normar el Mercado de Valores en la República Dominicana, como forma de promover la dinamización y desarrollo económico del país. Esta necesidad fue cubierta por un nuevo instrumento legal, que posteriormente fue afianzado por los Decretos Nos. 201-02, 645-03 y 729-04, respectivamente, los cuales versaban sobre el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores, siendo derogados más adelante por el Reglamento No. 664-12.

La Ley 19-00 nace con el propósito incentivar un mercado de valores organizado, eficiente y transparente, cuyo ámbito de aplicación abarca la oferta pública de valores, sus emisores, las bolsas de productos, los participantes, y en general, toda persona que participa en el mercado.

Así pues, la ley en cuestión creó y definió 4 figuras que, sin duda alguna, impactaron de forma positiva al mercado económico de la época. A saber:

  1. La creación de la Superintendencia de Valores (en lo adelante referida como SIV), como organismo regulador;
  2. La creación del Consejo Nacional de Valores, como una especie de segunda instancia con relación a las decisiones de la SIV y la relación entre el regulador y los participantes del mercado;
  3. La definición de los Participantes del Mercado de Valores: bolsas de valores, bolsas de productos, intermediarios de valores, cámaras de compensación, depósito centralizado de valores, calificadoras de riesgo, fondos mutuos o abiertos, fondos cerrados de inversión, administradoras de fondos y compañías titularizadoras; y
  4. La habilitación de la oferta pública de valores.

Es así como hasta el 2017 que la Ley núm. 19-00 constituyó el instrumento legal referente para el Mercado de Valores, siendo derogada, más adelante, por la Ley núm. 249-17, promulgada el 19 de diciembre de 2017.

  • Ley núm. 249-17: Nuevas figuras del Mercado de Valores y su funcionamiento
  • El deber de mejor ejecución

Desde la promulgación de la Ley núm. 19-00, se ha apelado a un Mercado de Valores organizado, eficiente y transparente, que no sólo contribuya al desarrollo económico y social del país, sino que también ofrezca una garantía de protección al inversionista. Sin embargo, no es hasta la puesta en vigencia de la Ley 249-17 que explícitamente se atribuye a los participantes del mercado la obligación de, en todo momento, respetar y hacer prevalecer los intereses del inversionista, sobre los propios e, inclusive, sobre sus partes vinculadas.

Pero ¿en qué consiste este principio de deber de mejor ejecución?

La definición de “deber de mejor ejecución” está claramente establecida en la Ley 249-17. Se trata de aquella obligación que se encuentra a cargo de los sujetos obligados consistente en adoptar “las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para las operaciones y transacciones en el mercado de valores, teniendo en cuenta el tipo de inversionista, el precio, los costos, la rapidez y probabilidad en la ejecución y liquidación, el volumen, la naturaleza de la operación y cualquier otro elemento relevante para la ejecución de la orden o instrucción del cliente”.

Dicho de otro modo, es el deber de accionar a favor del mejor interés del cliente. Esto ciertamente es un beneficio directo para los inversionistas, porque ya se trata de una obligación de los sujetos obligados que para estos está explícitamente prohibido inobservar.

De hecho, este deber de mejor ejecución se encuentra condicionado. En el caso de que se tratase de inversionistas no profesionales, el mejor resultado posible bajo el deber de mejor ejecución se evaluará con base en el precio de la operación o transacción en las condiciones de mercado al momento de su realización, obtenido después de restarle todos los costos asociados a la respectiva operación o transacción, cuando haya lugar a estos y, de existir una instrucción específica del inversionista, el intermediario deberá ejecutar la orden siguiendo tal instrucción, procurando el mejor resultado posible.

Asimismo, para los inversionistas profesionales, el mejor resultado posible deberá tener en cuenta el precio de la operación o transacción, los costos, el tiempo de ejecución, la probabilidad de la ejecución, el volumen, entre otros. Si existiera una instrucción específica del inversionista, el intermediario deberá ejecutar la orden siguiendo tal instrucción, procurando el mejor resultado posible.

No obstante, la ley manda a que a lo interno de cada puesto de bolsa se establezcan parámetros necesarios que versen sobre este deber de mejor ejecución, a través de políticas y procedimientos.

A mí modo de ver, es un valor agregado en beneficio de los inversionistas, puesto que obliga a las entidades de intermediación de valores a operar bajo el espíritu de transparencia, de deber de información, de diligencia y de mejor ejecución que antes no existía y que automáticamente se convierte en un modo de protección de los inversionistas, y por vía de consecuencia, se traduce en un Mercado de Valores de calidad.

Y dentro del marco de esa calidad influyen muchos factores, siendo algunos de estos el proceso de formación relevante de precios eficientes, la liquidez y volatilidad del mercado, la eficiencia en la asignación de recursos, la integridad del mercado, la igualdad en el trato de los inversionistas, etc.

Este principio se reitera ampliamente en el contenido de la nueva Ley del Mercado de Valores. De hecho, la ley en cuestión dedica un título especialmente al régimen de transparencia y protección a los inversionistas. La adopción de un código de gobierno corporativo y la obligación de priorizar los intereses de los inversionistas frente a los suyos, son algunas de las principales responsabilidades que la Ley núm. 249-17 atribuye a los puestos de bolsa o intermediarios de valores.

Además de ello, la Ley 249-17 hizo un cambio drástico frente al contenido de la ley anterior, respecto de los hechos relevantes. A la luz de la Ley núm. 19-00, solo aquellos emisores de valores tenían la obligación de reportar a la SIV cualesquiera hechos relevantes.

Con la nueva ley, el intermediario de valores, aun se haya constituido como emisor o no, detenta la obligación de dar a conocer todo hecho relevante en forma veraz, suficiente y oportuna. Inclusive, no solo se trata de aquellas decisiones adoptadas formalmente por la entidad. También se incluye cualquier evento que afecte o pueda afectar positiva o negativamente la posición jurídica, económica o financiera del intermediario de valores o el precio de los valores en el mercado.

Así pues, la incorporación de este principio de deber de mejor ejecución posible real y efectivamente constituye un paso significativo para el mercado, pues agrega un mayor sentido de seguridad y confianza al mercado al tiempo de equipararlo a las mejores prácticas de los estándares asumidos por los mercados de capitales más desarrollados del mundo.

  • Ventajas impositivas

Una de las bondades más inveteradas dentro del Mercado de Valores es precisamente la exención de todo tipo de impuesto respecto de las ganancias devengadas por el rendimiento de las inversiones, si se trata de operaciones de compra y venta de valores o de instrumentos de renta fija. Esta es una ventaja heredada de la Ley 19-00 que, dentro del marco regulatorio vigente, se reproduce nueva vez.

En otras palabras, la compra, venta o traspaso de los títulos valores emitidos por el Gobierno Central, tanto respecto del capital como de los intereses, se encuentran exentos de toda retención fiscal y de cualquier clase de impuestos. Naturalmente, esto significa que ni los instrumentos financieros en cuestión ni los accesorios que de estos derive pueden ser computables en la determinación de los valores tasables, y tampoco estarán sometidos a indisponibilidad a causa de dichos gravámenes.

  • El Asesor de Inversión

Otra de las novedades de la novísima ley es la instauración de los “Asesores de Inversión”.

Debe advertirse que, del contenido de esta, probablemente por la necesidad imperativa de que sean emitidos la reglamentación complementaria, no es posible colegir el modo en que estos asesores y los intermediarios de valores convergerían, pues los últimos implícitamente ya brindan ese servicio de asesoría en el mercado de valores.

De cara a esta ley, los llamados asesores de inversión básicamente prestarán los servicios de dar información, consejo, opinión, análisis, recomendación y, en general, proporcionar asistencia o incidir sobre modalidades de inversión, mantenimiento o cambio de inversiones u oportunidades para la realización de operaciones de inversión en el mercado de valores.

Estos pueden ser personas físicas o jurídicas que, sin fungir como intermediarios de valores, pueden proporcionar los servicios anteriormente detallados.

Naturalmente, aquellas personas que deseen ofrecer este tipo de servicios deberán necesariamente registrarse en el Registro del Mercado de Valores y deberán estar autorizados por la SIV.

En ese sentido, la nueva ley prevé las actividades autorizadas, sus obligaciones y hasta las prohibiciones, sin embargo, no se precisa de qué modo entraría en funcionamiento, puesto que choca directamente con un área macro de los puestos de bolsa.

Algo muy interesante respecto de esta inclusión es que la ley atribuye a los asesores de inversión responsabilidad frente a los clientes o inversionistas que en ocasión de cualquier daño o perjuicio que, por incumplimiento a las obligaciones convenidas, puedan ocasionar.

Debe suponerse, entonces, que el legislador, bajo el espíritu de asumir figuras propias de mercados extranjeros, ha habilitado a este nuevo participante del mercado. En ese sentido, es menester del regulador establecer su alcance detalladamente y los presupuestos necesarios para tal funcionamiento, de forma reglamentaria; no sólo de estos asesores de inversión, sino también de todas las nuevas figuras que ha puesto la puesta en vigor de la Ley núm. 249-17 sobre el Mercado de Valores de la República Dominicana.

Otra de las novedades positivas que pudiéremos señalar a modo de colofón es que, en cuanto a la naturaleza jurídica de la SIV, la ley 249-17 inviste a este ente regulador, además de constituirse como un organismo autónomo y con personalidad jurídica, uno que cuenta con la calidad de descentralizado del Estado y autonomía administrativa, financiera y técnica; bondad que, sin lugar a duda, constituye un valor agregado para el regulador, pues le otorga la independencia administrativa con la que ya contaban sus homólogas y que naturalmente le permitiría fortalecer su estructura organizacional.

En general, la promulgación de la Ley 249-17 es un paso de avance para el mercado, pues incorpora -como ya hemos visto- nuevos instrumentos que permiten la transparencia y funcionamiento del sector y robustece algunos otros que ya habían sido habilitados. El próximo paso sería, entonces, poner en vigencia e implementar los reglamentos complementarios correspondientes.

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