Slider

"El otorgamiento de este privilegio sin justificación se traduce necesariamente en una ventaja que se constituye en una barrera de entrada asimilable a la subvención, para la participación de otras instituciones distintas a los CRC de las CCP en el arbitraje en la República Dominicana. Consecuencia de tal barrera es que actualmente existe un grupo de centros de arbitraje que controlan el arbitraje institucional en el país".

La administración de Arbitrajes en la República Dominicana: Privilegio de las Cámaras de Comercio y Producción Respecto de la Ejecutoriedad de sus Laudos Arbitrales

RESUMEN:
La Ley No. 489-08 sobre Arbitraje Comercial prevé que a fin de que sea ejecutado un laudo arbitral producto de un arbitraje ad hoc resulta necesario realizar un procedimiento de homologación ante la jurisdicción ordinaria; sin embargo, para ejecutar un laudo producto de un arbitraje institucional no es necesaria su homologación, siempre que ese arbitraje se haya administrado en una Cámara de Comercio. Por ello, se reflexiona acerca del privilegio normativo que ostentan los Centros de Resolución Alternativa de Controversias de las Cámaras de Comercio y Producción en el marco de la administración de arbitrajes, y se evalúan las condiciones y procedimientos para la ejecución de los laudos arbitrales, tanto en el arbitraje ad hoc como en el institucional.


La administración del arbitraje comercial en la República

Dominicana fue regulada a través de distintos estamentos normativos, en particular el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio con distintas modificaciones, hasta finalmente llegar a un instrumento legal especializado de alcance general, que es la Ley 489-08 sobre Arbitraje Comercial (Ley 489-08).

Esta ley, promulgada el 19 de diciembre de 2008, constituyó un paso significativo para el desarrollo de las vías de resolución alternativa de conflictos y, muy especialmente, para el desarrollo del arbitraje comercial en nuestro país. Así pues, como es generalmente sabido, el procedimiento de arbitraje supone la intervención de una decisión —llamada “laudo arbitral”— respecto del conflicto que se ha suscitado, que adquiere de forma automática la autoridad de cosa juzgada y puede ser impugnada exclusivamente mediante una acción en nulidad.

Según las disposiciones de la normativa vigente, en el caso del arbitraje ad hoc institucional que no provenga de las Cáma- ras de Comercio y Producción (CCP), para que el laudo arbitral pueda ser ejecutado es necesario realizar un procedimiento de homologación (reconocimiento y ejecución) ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se repute el laudo ha sido dictado.

De su lado, para ejecutar un laudo producto de un arbitraje institucional proveniente de las CPP, no es necesaria su homologación, siempre que ese arbitraje se haya administrado en un Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de dichas Cámaras bajo la ley que les rige, la 50-871. Es preciso contrastar en primer lugar el arbitraje institucional de las Cámaras con el arbitraje institucional que provenga de una institución privada de otra naturaleza, bien sea internacional o local, que pudiera ofrecer este servicio. En este último caso sí sería necesario llevar a cabo un procedimiento de homologación y reconocimiento para que la decisión arbitral sea ejecutoria posteriormente.

Esta distinción nos hace preguntarnos si las CCP, como órganos institucionales, tienen una posición privilegiada en el marco de la homologación de los laudos arbitrales frente a instituciones de carácter privado que también pretendieren incursionar en el negocio y, de tenerla, si real y efectivamente se justifica legalmen-
te dicha posición.

I. EJECUTORIEDAD DE LOS LAUDOS ARBITRALES EMANADOS DE LOS TRIBUNALES DE LOS CRC DE LAS CCP FRENTE A LAS CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS DE PROCEDIMIENTOS ARBITRALES DE OTROS TIPOS

Los árbitros, al igual que los jueces, tienen la facultad de decidir enderecho o conforme la normativa aplicable (jurisdictio); sin embargo, a estos no se les atribuye imperium, es decir, la facultad de hacer ejecutar la decisión que de ellos emana y, por lo tanto, los laudos que emiten deben necesariamente atender a un proceso de reconocimiento y ejecución.

A estos efectos, la Ley 489-08 prevé, conforme a los lineamientos de la Ley Modelo de la UNCITRAL2 (o CNUDMI, por sus siglas en español), que para los fines de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral serán apoderados los tribunales ordinarios, a través de la jurisdicción graciosa, y que dicho procedimiento concluirá con la expedición de un auto. Durante ese “procedimiento eminentemente gracioso, sindebates ni contradicción: el solicitante sólo debe aportar los documentos pertinentes y el juez concederá el reconocimiento, previa verificación de que no existe ninguno de los motivos de denegación legalmente admitidos. Como no hay litigio, la parte perdidosa no tiene oportunidad de objetar la solicitud de reconocimiento in limine, pero podrá recurrir el auto que lo conceda”.3 En caso de existir alguna de las causas de nulidad previstas, el ordenamiento jurídico dominicano faculta a la Corte de Apelación competente para conocer la nulidad del laudo.

Es posible, asimismo, demandar la suspensión de la ejecución del laudo arbitral ante el presidente de la Corte de Apelación que fuese competente, en calidad de juez de los referimientos. De acuerdo a la legislación vigente, entre la notificación de la demanda en suspensión y la celebración de la primera audiencia ante el presidente de la Corte el laudo se considerará como suspendido de pleno derecho y, en consecuencia, el procedimiento arbitral no continuaría. Con esto se hace acopio de disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano que por efecto del plazo procuraban la salvaguarda del impetrante y así no se produjesen efectos irreparables en su contra.

Estas disposiciones se aplican tanto al arbitraje ad hoc como al arbitraje institucional, salvo que sea un arbitraje institucional llevado por ante los CRC de las CCP, cuyos laudos no están sujetos al proceso de reconocimiento que explícitamente prevén los artículos 41 y siguientes de la Ley 489-08. Al margen de contar con la misma fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas en segundo grado de jurisdicción, estos laudos son definitivos y no susceptibles de recurso alguno, salvo la acción principal en nulidad del laudo ante la Corte de Apelación que corresponda al domicilio de la Cámara de Comercio a la que pertenezca el centro en el cual se dictó el laudo, siempre que las partes no hayan renunciado a dicha acción en su convenio arbitral.

De acuerdo a los párrafos II y III del artículo 17 de la Ley. 50-87, como quedó modificado por la Ley. 181-09, esta acción principal en nulidad solo es admisible cuando el convenio arbitral no existe o no es válido por falta de capacidad de las partes o cualquier otra causa; cuando la parte demandada no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido hacer valer sus derechos; cuando los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión; cuando la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, o, a falta de dicho acuerdo, no se han ajustado a esta ley; cuando los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje; y cuando el laudo es contrario al orden público, aunque estas causas de anulación son similares a las contempladas por la Ley. 489-08.

La gran diferencia radica, pues, en la dicotomía de procedimientos que en principio deben ser iguales (se trata de arbitraje, después de todo, aun sea institucional por ante las CCP), pero se privilegia a los que resultan de los tribunales arbitrales de los CRC de las CCP, aun cuando dichos tribunales se encuentren compuestos por los mismos árbitros.

El tema se resume en que un panel arbitral compuesto por tres árbitros en un tribunal bajo reglas institucionales o ad hoc dicta un laudo que debe ser homologado, mientras que ese mismo tribunal, si decide bajo las reglas de un CRC de una CCP, puede dictar un laudo ejecutorio con los privilegios apuntados.

II. CONSECUENCIAS DE LA EXENCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE
LAUDOS ARBITRALES

1. Competencia imperfecta derivada de la legislación

Visto desde la perspectiva administrativa, en sentido general se atribuye competencia imperfecta en dos casos. El primero se da cuando, al existir grandes economías, las industrias tienden a tener menos vendedores, de modo que estas gigantescas empresas pueden perfectamente producir a un precio bajo o a un precio significativamente más bajo que las medianas y pequeñas empresas, por lo tanto es evidente que eventualmente estas últimas dejarían
de existir.Ahora bien, el segundo caso se da cuando a los nuevos competidores se les colocan las conocidas barreras de entrada y, por tanto, se les hace difícil introducirse en los mercados. Estas barreras pueden ser leyes, normas, reglamentos, por ejemplo, que otorguen ciertos privilegios a un grupo determinado. O, o a modo de ejemplo también, cuando el costo de entrada para esos nuevos competidores al mercado es exageradamente alto. De modo que, haciendo un ejercicio entre lo que analizamos sobre los procedimientos establecidos para la ejecución de los laudos arbitrales, tanto en la vertiente institucional como en la ad hoc, puede colegirse que el sistema arbitral otorga una ventaja a un competidor en específico que desincentiva a los demás competidores a entrar en el mercado. Una organización profesional o agrupación de empresas es fácilmente disuadida de establecer un centro de arbitraje cuando se enfrenta a la competencia de un CRC formado bajo la Ley 50-87. El mercado relevante en ambos casos es el mismo: arbitraje institucional de naturaleza local o internacional en la República Dominicana.

Naturalmente, como consecuencia de la ley, es menos atractivo para el consumidor recurrir a los servicios de alguna entidad que quiera insertarse en el negocio si el servicio de las CCP le ofrece una clara ventaja, que se deduce en menos inversión de tiempo, dinero, gastos procesales y honorarios profesionales.

Inclusive, en el caso en cuestión no existe una garantía de que al laudo que emita el competidor eventualmente le sea concedido el execuátur y pueda posteriormente ser ejecutado, porque el tribunal puede rechazar la solicitud, lo cual no pasaría nunca con un laudo emanado por un CRC de una CCP. Así pues, discutible o no, nos encontramos frente a una competencia imperfecta que ha sido generada por la legislación vigente en materia arbitral.

2. Fragmentación del derecho a la libertad de empresa: Impacto en los principios libertad de competencia y posición dominante

La Constitución dominicana, en su artículo 50, reconoce como principio constitucional el derecho a la libertad de empresa, previendo el rechazo a la existencia de monopolios, salvo en provecho del Estado, al tiempo de “promover planes nacionales de competitividad” para de esta manera impulsar el desarrollo integral de la nación. Con esto se previene que un grupo determinado de personas, una empresa o un individuo dificulten el desarrollo de una determinada actividad económica.

En otras palabras, tal y como señala Nassef Perdomo, “de la lectura de este artículo se infiere que la libertad de empresa es el derecho de todo individuo a participar en el mercado de manera libre dedicándose a la actividad económica de su elección, produciendo todo lo que sus medios le permitan y consumiendo todo lo que
pueda y quiera adquirir”.

Asimismo, a la luz de las disposiciones de la Carta Magna se consigna la iniciativa privada. Estas previsiones guardan estrecha relación con la obligación del Estado dominicano respecto del cumplimiento de su función esencial, que de acuerdo al artículo 8 de la Constitución es “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

En ese entendido es posible deducir que la existencia de un privilegio o monopolio es óbice de la libertad de empresa. De ahí que resulten la libertad de ocupación y la libre competencia como manifestaciones vinculadas a la libertad de empresa como principio fundamental. Para acreditar entonces el atentado a la libre competencia, y hasta cierto punto la ostentación colectiva de posición de dominio en el mercado de la administración de arbitrajes en la República Dominicana, es menester reconocer a los CRC de las CCP como las únicas instituciones que ejercen esta función actualmente. Esta es una fácil consecuencia del privilegio garantizado por la legislación a su favor.

Al respecto, la Ley. 42-08, que versa sobre la Defensa de la Competencia, refiere a las barreras de entrada y a los privilegios estatales, tal y como se consigna en su artículo 15. Un privilegio legal sin justificación constituye una barrera de entrada y en efecto consagra a favor de las CCP una posición dominante en el mercado relevante indicado. No habrá acceso a fuentes alternativas porque poco importa lo organizada que pueda estar una institución arbitral si los laudos emitidos por los tribunales organizados en su seno no contarán con la ventaja de ser ejecutorios.

No existe ninguna justificación para el otorgamiento del privilegio a los laudos emitidos por los CRC de las CCP. No hay una limitación a dichos casos para un grupo de individuos (comerciantes o empresarios de alguna actividad económica) o alguna materia. El sistema alternativo de solución de controversias no es una estructura esencial para el funcionamiento de las CCP, sino que se trata de un servicio adicional a los que ya debe prestar conforme la

Ley 50-87, por lo que tampoco en ese sentido habría justificación
al privilegio.

III. CONCLUSIÓN

La conclusión de este breve análisis es que existen dos regímenes que operan simultáneamente en el país, ambos para el arbitraje comercial. Uno regenteado por las CCP y el otro que comprende los arbitrajes ad hoc y arbitrajes institucionales. En el primero se privilegia a los arbitrajes de los CRC de las CCP, mediante la exclusión de la jurisdicción judicial para el reconocimiento y ejecución de los laudos que sean dictados. Dicho privilegio no tiene ninguna justificación, ni en cuanto a la materia que se arbitre ni en cuanto a las partes. El otorgamiento de este privilegio sin justificación se traduce necesariamente en una ventaja que se constituye en una barrera de entrada asimilable a la subvención para la participación de otras instituciones distintas a los CRC de las CCP en el arbitraje en la República Dominicana. Consecuencia de tal barrera es que actualmente existe un grupo de centros arbitrales que controlan el arbitraje institucional en el país.

El legislador dominicano debe tener esto en consideración para tomar medidas que nivelen el arbitraje, bien sea reconociendo el carácter ejecutorio de los laudos dictados como resultado de un proceso institucional, o bien eliminando el privilegio otorgado a favor de los laudos dictados por los tribunales organizados bajo los CRC de las CCP. Así se nivelaría el terreno para todos y se eliminaría este privilegio que atenta contra la libertad de empresa y la libre competencia.

BIBLIOGRAFÍA

CNUDMI. Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial sobre Arbitraje Comercial
Internacional, del 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006.

HERNÁNDEZ MEDINA, Guillermo. Arbitraje: perspectiva comparada: Santo Domin-
go, Librería Jurídica Internacional, 2015, ISBN: 978-9945-08-326-2.

PERDOMO, Nassef. Constitución comentada [en línea] Disponible en: http://www.
ifrc.org/docs/idrl/751ES.pdf, consulta: 18 de enero de 2018.
REPÚBLICA DOMINICANA. Constitución de la República Dominicana, de fecha
13 de junio de 2015, Gaceta Oficial No. 10805.

— Ley 42-08, de fecha 25 de enero de 2008, sobre la Defensa de la Competen-
cia, Gaceta Oficial No. 10458.

— Ley No. 181-09, de fecha 4 de junio de 1987, que introduce modificacio-
nes a la Ley No. 50-87 sobre Cámaras Oficiales de Comercio y Producción

de la República.

— Ley No. 489-08, de fecha 30 de diciembre de 2008, sobre Arbitraje Comer-
cial, Gaceta Oficial No. 10502.

Deja un comentario