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"Más efectivo que preocuparse es ocuparse; y cuando se trata de aspectos tan sensibles e impactantes en la economía y desarrollo de un país, el "titubeo" no es una opción".

¿Cumple República Dominicana en materia de Prevención de Lavado de Activos?

Más efectivo que preocuparse es ocuparse; y cuando se trata de aspectos tan sensibles e impactantes en la economía y desarrollo de un país, el “titubeo” no es una opción.

República Dominicana, como país cooperante, es signataria de diversas convenciones internacionales tendentes a la prevención, detección y sanción de fenómenos delictivos de carácter transnacional que han sido promovidas con el objetivo de homogeneizar, a nivel global, aquellos instrumentos normativos que permitan a las distintas naciones realizar gestiones preventivas para enfrentar los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT).

Desde el año 2016, el país es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), perteneciendo previamente al GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Ambos grupos dependen del GAFI, organismo que, a escala mundial, fija los estándares para la prevención de los delitos en cuestión, y además, a través de sus grupos regionales, da seguimiento al cumplimiento de los países de todo el mundo mediante evaluaciones mutuas.

Recientemente, República Dominicana fue objeto de una evaluación mutua coordinada por el GAFILAT que procura determinar el nivel de cumplimiento que el país ha asumido frente al lavado de activos y sus delitos precedentes, la cual fue concluida durante el pasado mes de julio y se espera que durante las siguientes semanas sea emitido el informe definitivo que consignará la calificación final del país y sus medidas derivadas, según aplique.

El país, con una manifiesta intención de sumar esfuerzos en procura de garantizar el cumplimiento en materia PLAFT, promulgó la Ley 155-17 que versa sobre la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y más adelante, su Reglamento de Aplicación, los cuales incorporan cambios significativos en el sistema de prevención al tiempo de promover el robustecimiento e implementación de normas sectoriales que abarquen tanto al mercado financiero y formal como a aquellos que, hasta hace poco, no contaban con una estructura normativa sobre PLAFT.

Un paso significativo, en este aspecto, ha sido la emisión de las Normas Generales números 01, 02, 03, 04 y 05 puestas en vigencia por la Dirección de Impuestos Internos (DGII) en enero de 2018, ya que, a través de estas, sectores preponderantes en la economía nacional como las constructoras, empresas de factoraje, dealers, abogados, contadores, fiduciarias y algunos otros, fueron constituidos en sujetos obligados no financieros, y por tanto, están llamados a prevenir y detectar los delitos antes indicados.

Sobre esto último, al margen de reconocer la necesidad imperativa de concienciar a todos los sectores respecto de la prevención del lavado de activos, y sobre todo al sector informal de la economía, es menester que el legislador, o su homólogo según sea el caso, diseñe una estructura normativa razonable que atienda a un análisis certero y que tome en cuenta la singularidad de cada sector y la naturaleza de sus negocios, pues no se trata de únicamente de contar con una amplia legislación sobre estos temas, sino de ejecutar de manera eficaz lo que estas leyes y normas prevén.

Ahora bien, a propósito de esta evaluación mutua, la calificación de República Dominicana podría significar distintos escenarios, recordando que el principio básico de este tipo de evaluaciones es verificar -a priori- que el marco regulatorio del país de que se trate responda a los estándares internacionales y mejores prácticas fijados, y posteriormente, evaluar su implementación y efectividad.

Así pues, este resultado, en caso de que el GAFI no precise un cumplimiento satisfactorio, podría verse eminentemente vinculado a una lista. Dichas listas han sido clasificadas en Gris, Gris Oscurecida, Negra y Roja.

La Lista Gris está compuesta por aquellos países que cuentan con deficiencias regulatorias y legislativas respecto de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En estos casos, es necesario elaborar un plan de trabajo que permita superar estas debilidades estructurales y supone el seguimiento del GAFI, ya sea directamente o a través del grupo de acción financiera que corresponda, al compromiso asumido por el país.

Por su lado, la Lista Gris Oscurecida contempla a aquellos países con riesgo de ser adicionados a listas de mayor impacto negativo. En estos casos, se trata de territorios cuyos planes de acción, previamente aprobados por el GAFI, han tenido poca efectividad, y de no implementar las correcciones de lugar, asumirían los riesgos derivados de las debilidades señaladas como resultado de una evaluación mutua.

La generalmente conocida Lista Negra, por su parte, incorpora a los países con deficiencias en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que no han ejecutado progresos suficientes para dar respuesta o solucionar sus deficiencias o, que no han asumido un compromiso con el GAFI para tales fines.

Finalmente, se encuentra la Lista Roja. En estos casos, el GAFI llama a sus miembros y a demás jurisdicciones a aplicar medidas preventivas que tiendan a proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que provengan de los países que pertenezcan a esta lista.

Así pues, el ingreso a una de estas listas como resultado de una calificación baja en el marco de la evaluación del GAFILAT podría impactar negativamente la economía dominicana, pues posiblemente se alentaría la inflación y la indisponibilidad de liquidez, limitaría la gestión de negocios, y con ello, el cierre de cuentas en bancos corresponsales, que es uno de los peldaños que -sin duda alguna- moviliza la economía dominicana; siendo estos casos sólo algunos de aquellos que pudieren derivar como consecuencia de una situación de esta naturaleza.

Por ello, que el informe final del GAFILAT acerca del cumplimiento del país en estos aspectos no nos encuentre asando batata y que Dios nos agarre confesados.

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